domingo, 4 de enero de 2009

RECOMENDACIONES DEL FMI A ESPAÑA

Visión del PIB de España según el FMI, recomendaciones y críticas al mercado laboral español, al sistema fiscal y al aparato financiero.

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El FMI prevé un retroceso del PIB español de 1% el ejercicio próximo. El gobierno lo situaba en un 0,7%. Este fenómeno, enmarcado en el contexto de crisis actual, no es un hecho aislado. El BCE ha comunicado una caída del PIB medio europeo del 0,5%. Es la primera vez en la historia del BCE que se produce una contracción tal de la economía.
No obstante, el FMI reconoce la fortaleza del sistema financiero español y la rápida respuesta fiscal del gobierno, que ha aplicado rebajas de impuestos para suavizar el ajuste cíclico.
La entidad internacional ha alertado de la llegada de una contracción económica y el disparo del desempleo si no se efectúa una reforma del mercado laboral. Este aviso no llega por sorpresa, el Fondo Monetario Internacional siempre ha abogado por la flexibilización del mercado laboral, el abaratamiento del despido y la desvinculación de los salarios nominales a la inflación. Esta medida, defendida por la corriente neoclásica, apuesta por la eficiencia productiva del mercado de trabajo. El abaratamiento de los despidos fomenta la movilidad laboral creando un mercado activo en el que los trabajadores más cualificados y más competitivos conservarán su puesto, y los menos aptos lo perderán. De esta forma, los contratos temporales abundan, y los seguros de desempleo escasean. Las empresas reducen sus costes y son más competitivas. Los derechos sociales de los trabajadores se ven relegados en pos de una economía más competitiva. Además, el hecho de que los salarios varíen con la inflación es arriesgado, ya que se puede producir una espiral inflacionista precios-salarios de la que es difícil salir.
Sin embargo, en España, se apuesta por la defensa de los derechos sociales, una opción que; si bien no logra la eficacia competitiva por la que apuesta el FMI, fomenta unos niveles de equidad y bienestar social más adecuados a nuestro desarrollo. Por ello, los salarios se adaptan al nivel de precios y, de esta manera, la capacidad adquisitiva de los trabajadores no varía y el consumo no cae. Se apuesta por seguros de desempleo y por regular el despido y por establecer un salario mínimo interprofesional que garantice que las necesidades básicas del individuo estén cubiertas.
Otra observación que realizó el FMI fue el apoyo al mercado de alquiler de viviendas. Con la crisis de la construcción y la restricción del crédito a las familias parece obvio promover el alquiler en España. Sin embargo, anima al Ejecutivo a que cese las políticas de apoyo al alquiler de protección oficial. Demasiada intervención estatal para la entidad internacional.
El FMI defiende que las reformas que tienen la clave para impulsar la economía son aquellas destinadas a recortar costes y a mejorar la flexibilidad y la productividad.
Otra medida que defiende la corriente neoliberal es la neutralidad impositiva. Impuestos bajos que no repercutan mucho en las rentas de los agentes. No es de extrañar que este organismo aplauda la decisión del gobierno de bajar los impuestos: la reducción del IRPF o detracciones del IVA, por ejemplo.

El trade-off entre equidad y eficiencia es una constante en los debates entre neokeynesianos y neoliberales. Las medidas a tomar ante una crisis también. Los keynesianos apoyarán una política estatal intervencionista, aumentando el gasto público, incurriendo en déficit si es necesario. Los neoliberales defenderán un gasto público limitado, equilibrio presupuestario anual y neutralidad impositiva. Son dos alternativas con soluciones diferentes. El gobierno español ha optado por medidas más keynesianas, tales como el aumento del gasto público en los presupuestos Generales del Estado. El presidente del Gobierno, ha confirmado recientemente que el importe de las pensiones subirá una media del 6% en 2009. También ha anunciado que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá un 4% en 2009, frente al 3,5% propuesto inicialmente por el Ejecutivo, lo que situará su cuantía total en 624 euros mensuales, frente a los 600 euros actuales. Es una medida en contra de las recomendaciones del FMI. Sin embargo, es posible que este organismo haya perdido en gran parte su credibilidad tras los estragos de una crisis del sistema capitalista cuyo funcionamiento es su responsabilidad.

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